Éste sector cumple un trol fundamental en la explotación racional de la fauna y en la creación de fuentes de trabajo. Por Daniel Stilmann.
RESÚMEN. La actividad privada, ya sea dentro de cotos de caza, o en manos de clubes y organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro en terrenos fiscales desempeña un papel fundamental dentro del esquema de conservación de algunas especies animales claves. Por Daniel Stilmann.
Sin el aporte de este sector, el Estado (que en América Latina carece de los medios económicos y de la infraestructura necesaria, y en los países donde la posee solo interviene para regular) no puede implementar la explotación de este recurso renovable tan importante y preservarlo como tal.
La fauna, que como en el caso de la Argentina, y de América Latina en general, es de una magnitud considerable, se mantiene sin ser explotada racionalmente en la mayoría del territorio. En el país, salvo las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, que están comenzando a explotarla, en el resto de la Nación permanece inactiva.
En las naciones que prestan atención a la ecología, conservación del medio ambiente y de las especies animales, la actividad privada en la explotación deportiva de la fauna representa un papel fundamental en la reconversión de las economías rurales.
Esta actividad provee además al Estado de los fondos y de la infraestructura necesaria para que éste pueda regular la explotación del recurso. Es por lo general el sector privado quien aporta las tierras, las mejoras a la misma y provee de la mano de obra. En la actualidad esta actividad se ha vuelto tan importante desde el punto de vista económico, tanto por sus efectos directos e indirectos sobre las economías regionales, que pocos Estados del mundo pueden darse el lujo de ignorar su importancia.
La creación de cotos de caza privados, con alambrado perimetral o no, no significa solamente abrir las puertas de un establecimiento rural para la caza deportiva y cobrar por el privilegio.
Si bien la fauna puede existir en el lugar, es necesario también proveer de la infraestructura hotelera y servicios de guía que el cazador precisa. Además de esto, el sector privado invierte capital en mejorar las condiciones y el hábitat de la especie, ya sea impidiendo la tala de bosques, lo cual podría ser más rentables para el sector, o sembrando forraje para mejorar la dieta de los animales.
Todo esto representa desembolsos reales por parte del dueño de la tierra y a su vez por parte de los usuarios del mismo, creando fuentes de trabajo a nivel local y divisas a nivel nacional, además de otros sectores industriales, como el de combustibles, transportes, fabricación de ropa e implementos deportivos, cartuchos, armas, etc, que se ven favorecidos indirectamente por el emprendimiento.
Esto deja un saldo positivo para la economía local y las arcas Provinciales y de la Nación, ya que la actividad produce divisas en concepto de permisos de caza e impuestos a las ganancias sobre una multitud de bienes y servicios empleados por el cazador.
Pero un coto de caza privado no puede actuar sin control estatal, en particular favoreciendo grupos seleccionados por su poder económico y en detrimento de los derechos de los ciudadanos de menores recursos. La fauna, que es considerada como res nulius, no pertenece al tenedor de la tierra, como tampoco al Estado, pero éste último es el garante de los derechos de todos y como tal debe de actuar.
Ésta problemática aparece cuando se ceden concesiones de tierras fiscales o de Parques Nacionales para su explotación a manos de terceros, los cuales sin control estatal rápidamente extraen la población rentable, sobre explotándola, con el consiguiente deterioro de las manadas. En éste caso, la conservación y manejo de la fauna se convierte en un negocio tendiente a favorecer grupos de intereses privados.
Pero el Estado es dueño de terrenos fiscales en desuso, mucho de ellos explotados ilegalmente por terceros. Esos terrenos pueden ser dedicados para la caza para aquellos que no pueden, o no desean cazar dentro de un coto privado, asegurando de ésta manera que el usufructo de un bien comunal, como lo es la fauna, pueda ser disfrutado por todos.
Este esquema simple preserva los derechos de todas las partes, incluyendo al Estado, los dueños de la tierra, los cazadores de escasos recursos y hasta a los no cazadores, a la vez que genera nuevos recursos y promueve la actividad laboral de diferentes sectores.
Dentro del coto, es el propietario quien debe instituir una política de aprovechamiento racional de su recurso. El conteo de animales, relación macho/hembra, suplemento con forrajes, minerales o agua, control sanitario y ejercer un control adecuado de los predadores, en especial si los mismos figuran dentro de aquellos catalogados como aptos para la caza mayor por la legislación regional respectiva.
El dueño del coto es responsable por la recepción y transporte (en particular de cazadores extranjeros), acomodación, servicios extra que de los cazadores requieran y de proveer el acceso a la fauna. Esto va desde cama y comida, transporte de cabotaje, alquiler de caballos y vehículos, guías de caza, faena y preparación del trofeo, creación de apostaderos de caza, servicio de taxidermia, etc. Las facilidades del complejo puede ser desde 5 estrellas hasta la habilitación de lugares para camping, con cacerías tipo "hágalo Ud. mismo". En el mercado hay realmente lugar para todo tipo público y precios, incluyendo al extranjero.
Independientemente de todo esto, el coto debe de ser registrado oficialmente, a fin de cumplir con los requisitos necesarios para su habilitación. Pero estos requisitos Estatales deben de ser razonables y adecuados a la realidad económica del país, así como a la situación local de la fauna.
Exigir al sector privado que invierta en estructuras inútiles, como alambrados perimetrales, cuando la fauna que se desea comercializar, exótica o no, se halla ya, dentro y fuera de su propiedad, es una manera de frenar la utilización de ese recurso. Así sólo muy pocos productores estarán en condiciones de cumplir con el Estado, limitando de esta manera la venta de licencias y fomentando el furtivismo.
La formación de una asociación de dueños de cotos y guías de caza es importante. La misma puede servir para regular la actividad, controlar que no haya situaciones que perjudiquen a la industria y cooperar o actuar en forma conjunta con organismos oficiales (Inmigraciones, Registro Nacional de Armas, Policía Aeronáutica y Provinciales, etc.) en lo que se refiere a la recepción y manejo del turista extranjero. Esto último es de capital importancia y relativamente sencillo de llevar a cabo.
Evidentemente todo esto requiere de un cierto aporte de capital y recursos, al igual que los que se invierten en una cancha de esquí o en un hotel. Para el dueño de la tierra, este puede ser una forma más de incrementar sus ingresos, pero ciertamente la misma no está exenta de riesgos y trabajo. Razones por las cuales está justificado y en pleno derecho a cobrar por un recurso que pertenece en parte al Estado. De su labor se beneficiarán los individuos, el Estado y todo el sector envuelto indirectamente con esta actividad, llámese hotelería, venta de combustibles, transporte, mano de obra regional, casas de deportes, o las fábricas de ropa especializada. Algo que necesitamos en este país desesperadamente.